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El reciente anuncio de que Álava podría recibir a más menores extranjeros no acompañados (MENAs), como parte del acuerdo entre Sánchez y Junts, ha encendido las alarmas. Y no es para menos: la propia Diputación ha reconocido que el sistema de acogida está «al límite». Mientras tanto, desde el Gobierno central, PSOE y Sumar continúan imponiendo su política de reparto migratorio sin atender la realidad que viven los territorios. ¿De verdad es esto una muestra de solidaridad, o estamos hablando de una imposición sin sentido que conduce al colapso?
Álava no solo está desbordada, sino que todavía no ha sido capaz de integrar correctamente a los menores que ya acoge. Los datos de criminalidad reflejan una preocupante tendencia: los delitos han aumentado, especialmente en Vitoria-Gasteiz. No se puede seguir ignorando el vínculo que existe entre el deterioro del sistema de acogida y este repunte. Y no, esto no es criminalizar a todos los menores, sino decir en voz alta lo que muchos ciudadanos piensan en silencio: un sistema saturado no puede garantizar la integración, ni la seguridad, ni el bienestar de nadie.
Además, ¿quién está viniendo realmente? La mayoría de estos menores son de nacionalidad marroquí o argelina, países que ni están en guerra ni padecen pobreza extrema. Muchos huyen de la justicia de sus propios países, tras haber cometido robos, agresiones sexuales u otros delitos graves. ¿Estamos dispuestos a convertirnos en el refugio de los delincuentes que sus países no quieren?
Resulta indignante que, mientras tanto, desde el PP vasco se lancen mensajes ambiguos. Critican la situación en privado, pero cuando llega el momento de actuar, su discurso se diluye en un mar de tibieza y corrección política. No puede ser que en Madrid o Bruselas defiendan una cosa, y en Álava digan lo contrario. Los vitorianos merecen coherencia y valentía, no calculadoras electorales.
Desde aquí planteamos una alternativa: identificación rigurosa, revisión de antecedentes penales, y repatriación inmediata de quienes no acrediten una situación de necesidad real. A los que de verdad huyen de la guerra o la miseria, se les debe ofrecer protección digna y sostenible. Pero no podemos seguir recibiendo más cuando ni el sistema ni la sociedad están en condiciones de acoger adecuadamente a los que ya están.
Porque ser solidarios no significa suicidarse como sociedad. Ser solidarios también es proteger a los menores verdaderamente vulnerables, no amontonarlos en centros desbordados donde la violencia y el abandono son el pan de cada día. Ser solidarios es decir ¡basta! cuando el sistema no da para más.
Si seguimos por este camino, no solo traicionamos a los vitorianos. También traicionamos a esos menores que de verdad necesitan ayuda, pero que el Estado no está sabiendo ni queriendo atender.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que el buenismo ideológico arruine nuestra convivencia?
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