Resulta profundamente indignante ver cómo decisiones judiciales, supuestamente orientadas al bien común, terminan sirviendo de palanca para que florezca el fraude más descarado y el abuso de un sistema de ayudas que debería proteger al vulnerable, no alimentar al pícaro. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que eliminó la obligación de presentar un contrato de alquiler o título de propiedad para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ha abierto una auténtica autopista para el fraude en Euskadi. Hoy basta con un simple empadronamiento —aunque sea falso— para colarse en un sistema de ayudas sufragado por todos los contribuyentes, y del que se están beneficiando quienes ni siquiera viven donde dicen.
¿Tan difícil era prever esto? ¿Tan ciegas están nuestras administraciones que no fueron capaces de anticipar la avalancha de empadronamientos ficticios que se iba a producir? Lo que era una medida pensada para aliviar trámites burocráticos ha terminado convirtiéndose en un efecto llamada para la picaresca. Hoy, en Vitoria, hay viviendas con ¡más de 50 personas empadronadas! ¿Cómo es esto posible? ¿Nadie en el Ayuntamiento, Lanbide o el Gobierno Vasco ha pensado en limitar los empadronamientos por metros cuadrados? ¿Por qué no se automatizan los controles y se establece un umbral razonable según el tamaño de las viviendas, como ya se hace con las VPO?
Y mientras tanto, unos se lucran ofreciendo «alquileres fantasmas» a cambio de 100 o 150 euros al mes. Los otros, los empadronados ficticios, hacen su «inversión» para acceder a una RGI que puede llegar a los 1.600 euros mensuales. No hablamos solo de migrantes ilegales, hablamos también de un lucrativo negocio de alquiler de identidades y direcciones. ¿Dónde vive realmente esta gente? ¿En su país de origen? ¿En otra comunidad para acumular ayudas? ¿En otro país de la UE? ¿O como ocupas en pisos que ni siquiera tienen derecho a habitar?
La falta de control es clamorosa. El Ayuntamiento de Vitoria parece más preocupado por no parecer «discriminador» que por garantizar que sus vecinos —los que sí cumplen con sus obligaciones— no sufran las consecuencias de este descontrol. Lanbide, por su parte, sigue mirando hacia otro lado mientras los casos se multiplican y los perceptores aumentan. Hace diez años había 7.992 beneficiarios de la RGI en Vitoria; hoy hay 8.528, y creciendo.
Es hora de hablar claro. Esta permisividad no solo erosiona el sistema de protección social, sino que genera una injusticia brutal hacia los ciudadanos que cumplen las normas, que pagan sus impuestos y que se ven desplazados o ignorados en la asignación de recursos. Y todo por una mezcla letal de buenismo institucional, falta de previsión y ausencia total de mecanismos de control.
¿Hasta cuándo va a seguir esta tomadura de pelo? ¿Dónde están las inspecciones? ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde están las sanciones a quienes se lucran a costa del contribuyente?
La indignación de los vitorianos es legítima. Merecen administraciones que velen por su bienestar, no por el negocio de unos pocos que han encontrado en la trampa del empadronamiento falso un filón para vivir del sistema sin aportar nada.
Basta ya de mirar hacia otro lado. Es hora de que los responsables asuman su culpa, pongan orden y devuelvan al padrón su función original: reflejar la realidad, no ser un coladero para el fraude.
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