La reciente concesión del tercer grado a dos etarras que ni siquiera han mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento es el último capítulo de una triste novela en la política española. Pero lo peor de todo no es solo la liberación anticipada de Harriet Iragi y Luis Mariñelarena, sino el cinismo político que acompaña la decisión. El PSE-EE, fiel al guion de los últimos años, sigue los pasos del PNV, repitiendo la misma estrategia que ha beneficiado a los presos de ETA. Y, por supuesto, Bildu aplaude desde la sombra. Porque claro, aquí todo va de mantener el delicado equilibrio de poderes en el Congreso.
¿Qué importa la memoria de las víctimas? ¿Qué importa que estos terroristas no hayan colaborado con la justicia? Mientras las concesiones políticas sigan fluyendo, las lágrimas de las familias parecen ser un daño colateral aceptable. El PSOE, liderado en el País Vasco por el PSE, ha decidido priorizar los votos sobre la justicia. Así de simple. Y lo llaman «gesto de reconciliación». ¡Claro! Porque reconciliarse con un asesino no arrepentido es lo que más necesita este país.
Feijóo lo ha llamado «pacto encapuchado». ¿Es exagerado? No parece tanto si uno se detiene a analizar la estrategia tras estas liberaciones. Con Bildu como socio de gobierno en Madrid, el PSOE se ha visto en la necesidad de mantener la maquinaria engrasada. Mientras tanto, el PNV sigue su táctica habitual de hacerse el neutro, pero facilitando el marco necesario para que todo esto sea posible. Seamos sinceros, en este teatro de la política vasca, todos tienen su parte del pastel. PSOE, PNV y Bildu: un trío político que se reparte los roles de verdugo y salvador según convenga.
Es la justicia de la conveniencia. Y para las víctimas, solo queda el amargo recuerdo de que, en este país, las condenas de los asesinos pueden reducirse si los acuerdos políticos lo exigen. ¿Hasta cuándo esta farsa?
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