Las recientes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la política penitenciaria, acordadas en secreto con EH Bildu, han cruzado una línea que jamás debió tocarse. El fin de la dispersión de los presos de ETA, la concesión de terceros grados sin arrepentimiento y, lo más grave, la acumulación de penas en Francia, representan una traición profunda a las familias de las víctimas del terrorismo, especialmente a aquellas que confiaron en el PSOE como defensor de la justicia y la dignidad.
¿Qué mensaje estamos enviando a las víctimas cuando vemos que figuras como ‘Txapote’ pueden quedar en libertad el próximo año, sin haber mostrado ni una mínima señal de arrepentimiento? Las concesiones políticas se han convertido en moneda de cambio para un gobierno que necesita estabilidad, pero el precio que estamos pagando es demasiado alto: la memoria de quienes fueron asesinados por el terrorismo.
Y mientras esto ocurría, la oposición, aquellos que prometieron proteger los valores de la justicia y la seguridad, permaneció en silencio. PP, Vox y UPN, lejos de frenar estos pactos, miraron hacia otro lado en un momento crucial. ¿Dónde estaba su vigilancia, su firmeza?
La política española ha tocado fondo. Nos enfrentamos a un escenario en el que las víctimas del terrorismo son olvidadas, mientras los responsables de crímenes atroces ven cómo se flexibilizan las penas. Esta traición no solo es política, es moral. Hemos cruzado una línea de la que puede que no haya retorno. ¿Es este el legado que queremos dejar? El poder, cuando se consigue a cualquier precio, pierde todo su valor. Y en este caso, el coste es el alma misma de nuestra democracia.
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