En los últimos años, la sanidad pública en España está atravesando una crisis profunda que afecta a todo el sistema, y el aumento de las agresiones al personal sanitario es solo una de las manifestaciones más alarmantes de esta situación. Lo que estamos viendo en Osakidetza, con dos nuevos casos de agresiones en centros de Atención Primaria en Vitoria, no es un problema aislado ni exclusivo del País Vasco; es un reflejo de una tendencia preocupante que se extiende por todo el territorio nacional.
El estrés generado por la saturación de la sanidad pública está alcanzando niveles insostenibles. Las largas esperas para obtener una cita, la falta de personal y los recursos limitados han creado un caldo de cultivo donde tanto pacientes como profesionales viven bajo una presión constante. Los pacientes, muchos de ellos enfrentándose a enfermedades o situaciones delicadas, ven cómo la calidad de la atención que reciben se deteriora. Por su parte, los médicos, enfermeros y personal administrativo trabajan en condiciones cada vez más difíciles, con agendas sobrecargadas y jornadas laborales que no permiten ofrecer el servicio adecuado.
Este contexto de frustración compartida está desembocando en un aumento generalizado de las agresiones en todo el país. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023 se registraron más de 10.000 agresiones a personal sanitario en toda España. Es un problema que afecta especialmente a la Atención Primaria y los servicios de Urgencias, que son la primera línea de contacto con los ciudadanos. En estos escenarios, las tensiones son palpables: las esperas interminables y la falta de recursos provocan situaciones de conflicto, donde los profesionales de la salud, en lugar de ser valorados, se convierten en el blanco de la frustración de los pacientes.
Pero estas agresiones no son solo el resultado de la ira o el malestar de los pacientes; son también el reflejo de una crisis estructural en la sanidad pública. La falta de inversión en recursos humanos y materiales ha dejado a nuestro sistema de salud desbordado. Los recortes de los últimos años, la inadecuada planificación y la creciente demanda de servicios médicos han puesto en jaque la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.
El caso de Osakidetza es particularmente ilustrativo. Con más de 500 quejas presentadas este año al Ararteko, la insatisfacción de los ciudadanos con el servicio de salud pública vasco está en su punto más alto. Los profesionales denuncian sobrecarga de trabajo, agotamiento y un ambiente de trabajo tóxico. Las agresiones no solo dañan físicamente a las víctimas directas, sino que también afectan psicológicamente a todo el personal, contribuyendo a la sensación de abandono y desgaste.
Ante esta situación, es crucial que las administraciones tomen medidas urgentes. Las soluciones deben ir más allá de reforzar la seguridad en los centros sanitarios o endurecer las penas para quienes agreden a los profesionales. Es fundamental replantear cómo se gestionan los recursos en la sanidad pública, aumentando las plantillas y mejorando las condiciones laborales para que los profesionales puedan trabajar en un entorno seguro y saludable.
Además, es necesario que se recuperen los niveles de inversión previos a la crisis económica y que se implementen políticas que mejoren la coordinación entre Atención Primaria y Especializada, evitando que las urgencias y los PACs se conviertan en el único recurso para quienes no encuentran una respuesta adecuada en el sistema.
La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar, pero si no se actúa con rapidez y firmeza, corremos el riesgo de que esta crisis se agrave aún más, con consecuencias devastadoras para toda la sociedad. Las agresiones al personal sanitario no solo son inaceptables desde cualquier punto de vista, sino que también son un síntoma de un sistema que necesita una transformación urgente. Es momento de que tanto los responsables políticos como la ciudadanía tomen conciencia de la gravedad del problema y exijan una solución que asegure una sanidad pública de calidad, accesible y, sobre todo, segura para todos.
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