El reciente anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez, al publicar en el BOE una reforma que permitirá reducir las penas de más de 50 presos de ETA, ha dejado una vez más a las víctimas del terrorismo en un segundo plano. Una vez más, quienes sufrieron el mayor dolor, quienes vieron cómo sus vidas quedaban destrozadas por la violencia sin sentido de ETA, se sienten traicionados por un gobierno que elige cuidadosamente qué directivas europeas adaptar… y cuáles ignorar.
Porque, queridos lectores, no se trata simplemente de cumplir con Europa, sino de cómo se elige cumplir. Y lo que este gobierno ha decidido es aplicar solo aquellas normativas que favorecen a los terroristas, mientras deja de lado las directivas que podrían endurecer las penas de estos criminales. ¿Dónde queda el respeto a las víctimas?
Un Gobierno que elige beneficiar a los etarras
La reciente modificación de la Ley Orgánica 7/2014, aprobada con el visto bueno de PSOE y Sumar, y casi sin que PP y Vox se dieran cuenta de lo que votaban, es una afrenta para quienes durante años lucharon contra la amenaza terrorista. Esta reforma permite descontar a los presos de ETA los años cumplidos en Francia, reduciendo así el tiempo efectivo de prisión en España. Y lo más indignante es que el gobierno lo presenta como una simple adaptación a las directivas europeas. ¡Cómo si Europa pidiera indulgencia para los terroristas!
Pero lo que Pedro Sánchez y su equipo olvidan mencionar es que hay otra normativa europea que también podrían aplicar: la Directiva (UE) 2017/541 sobre lucha contra el terrorismo, que endurece las penas para quienes han sido condenados por crímenes de terrorismo, asegurando que los Estados miembros sean inflexibles frente a los culpables. Esta directiva podría haber sido un baluarte de justicia para las víctimas de ETA, quienes durante años han visto cómo sus asesinos recibían beneficios penitenciarios, y ahora, esta nueva reforma, que parece escrita para cumplir los deseos de Bildu, agrava aún más su sufrimiento.
Las víctimas, las grandes olvidadas
¿Cómo se sentirán hoy las familias de los asesinados, de aquellos a quienes se les arrebató su vida de la forma más brutal? ¿Qué sentirán al ver que aquellos que pertenecieron a una organización terrorista que sumió a España en años de horror y miedo, ahora ven cómo sus condenas se reducen por una decisión de este gobierno?
El dolor de las víctimas parece invisible para quienes están en el poder. Las lágrimas de viudas, huérfanos y padres no parecen tener el peso suficiente para detener las decisiones políticas que claramente buscan mantener alianzas con partidos como Bildu, a quienes este tipo de gestos les sirven como moneda de cambio.
¿Cómo es posible que se nos venda esta reforma como una obligación europea cuando, en realidad, se están ignorando las normativas que más castigan a los terroristas? La Directiva 2017/541 exige una actuación contundente frente al terrorismo, armonizando penas severas en todos los Estados miembros y minimizando los beneficios penitenciarios. ¿Por qué no se ha adaptado esta directiva con el mismo entusiasmo con el que se han acogido otras reformas que benefician a los etarras?
Un Gobierno que traiciona la memoria
La memoria de las víctimas de ETA no puede ser moneda de cambio en los oscuros acuerdos políticos que sustentan a este Gobierno. La realidad es que esta decisión no responde a una exigencia de la Unión Europea, sino a una clara concesión política. En un país donde las heridas del terrorismo aún están abiertas, donde muchos seguimos recordando con dolor los años oscuros de violencia, esta reforma es una traición. No a la normativa europea, sino a la dignidad y la justicia que merecen las víctimas.
Pedro Sánchez ha demostrado una vez más que está dispuesto a sacrificar la memoria y el dolor de miles de españoles para contentar a sus socios políticos. Bildu, el brazo político que nunca ha renegado de ETA, lleva años pidiendo esta reforma. Y ahora, en un ejercicio de cinismo político, el Gobierno se la concede bajo la excusa de cumplir con Europa. Pero, ¿por qué no cumple también con las normativas que les perjudican?
Reflexión final: ¿Qué estamos dispuestos a aceptar?
Es hora de reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a aceptar como sociedad. No podemos permitir que el Gobierno se escude en tecnicismos legales para traicionar el sufrimiento de quienes más han padecido. No podemos permitir que se elijan qué leyes europeas aplicar dependiendo de si benefician o no a los terroristas.
Porque si hoy permitimos que este tipo de reformas sigan adelante sin cuestionarlas, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué más estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la conveniencia política? Las víctimas de ETA merecen justicia, y nosotros como sociedad debemos exigir que se aplique toda la normativa europea, incluida la Directiva 2017/541, que evitaría reducciones de penas y endurecería la respuesta frente a los crímenes de terrorismo.
No es solo una cuestión de leyes. Es una cuestión de dignidad. Las víctimas merecen más que la traición de un Gobierno que parece más preocupado por sus alianzas políticas que por la justicia.
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