La Ley de Vivienda de 2023 se aprobó con la promesa de corregir las distorsiones del mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda, pero ha demostrado ser un fracaso que ha exacerbado los problemas que pretendía resolver. Los principales afectados no solo han sido los propietarios, especialmente pequeños y medianos, sino también aquellos que más necesitan acceder a una vivienda digna: la clase baja y media.
Desprotección de los propietarios: el auge de los «inquiokupas»
Uno de los problemas más graves que ha dejado la ley es la desprotección de los propietarios frente a los inquiokupas. Estos inquilinos, aprovechándose de la complejidad del proceso legal de desalojo, se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para quienes deciden poner su vivienda en alquiler. La Ley de Vivienda ha trasladado a los propietarios la responsabilidad de resolver un problema que es, en realidad, de carácter social, sin ofrecerles herramientas suficientes para defender sus derechos.
Este clima de inseguridad ha llevado a que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler, o bien opten por modalidades temporales que no están reguladas por la ley, lo que agrava la crisis de acceso a la vivienda. El resultado: menos oferta y precios aún más elevados
Persecución hacia los grandes tenedores y la huida de inversores
La ley también ha puesto en el punto de mira a los grandes tenedores, con medidas restrictivas que, en teoría, buscaban controlar los precios y garantizar el acceso a la vivienda. Sin embargo, estas restricciones han generado un clima de incertidumbre jurídica que ha ahuyentado a los inversores y promotores. En lugar de fomentar la construcción de nuevas viviendas o facilitar el alquiler de las ya existentes, la ley ha reducido drásticamente la rentabilidad del sector, provocando una reducción del parque de viviendas disponibles
Esto no solo afecta a quienes buscan un hogar, sino que también impacta de manera devastadora en la capacidad de las ciudades como Vitoria para atraer talento y emprendedores. Los altos precios de las pocas viviendas que quedan disponibles hacen que muchas personas decidan no trasladarse a la ciudad, limitando el crecimiento económico y la creación de empleo
El golpe a la clase baja y media: un hogar cada vez más inalcanzable
El gran perdedor de esta situación es, sin duda, la clase trabajadora. Aquellos que ya enfrentaban dificultades para acceder a una vivienda digna ahora se ven atrapados en un mercado cada vez más caro y competitivo. Los precios del alquiler no dejan de subir, y la ley, en lugar de facilitar soluciones, ha generado una auténtica carrera de obstáculos para quienes tienen menos recursos
Lonjas vacías: la solución que el gobierno ignora
Uno de los grandes errores de la Ley de Vivienda ha sido no impulsar soluciones creativas como la reconversión de lonjas vacías en viviendas. Estos espacios inutilizados en barrios degradados podrían ofrecer una solución habitacional inmediata, no solo aumentando el parque de viviendas, sino también acabando con las okupaciones ilegales que proliferan en muchas ciudades. Con un enfoque más flexible y un apoyo claro a este tipo de reconversiones, no solo se reducirían los precios del alquiler por el aumento de la oferta, sino que se revitalizarían barrios enteros
Reflexión final
El fracaso de la Ley de Vivienda 2023 es evidente. Lejos de resolver el problema de acceso a la vivienda, ha ahondado en la crisis, generando un entorno de inseguridad para los propietarios, espantando a los inversores y haciendo que los precios sigan subiendo. Es urgente que se reconsideren las políticas actuales y se adopten medidas que protejan a los propietarios, incentiven la construcción y rehabilitación de viviendas, y ofrezcan soluciones reales a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, la falta de visión solo seguirá privando a miles de personas del derecho a una vivienda digna.
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