Desde la implementación del nuevo modelo de evaluación de la discapacidad en abril de 2023, lo que debía ser un paso hacia la modernización y la eficiencia se ha convertido en un verdadero calvario para cientos de personas en Álava. Lejos de facilitar las valoraciones, el sistema ha colapsado, extendiendo los tiempos de espera a más de siete meses y dejando a personas en situación de vulnerabilidad en un limbo administrativo que pone en riesgo no solo su economía, sino su asistencia, protección y seguridad.
La promesa de un sistema más ágil, que alineara los criterios de España con los estándares europeos, ha fracasado rotundamente. La complejidad del nuevo baremo, que ahora evalúa la deficiencia global de la persona, sus limitaciones en la actividad, las restricciones en su participación y los factores contextuales, ha sobrecargado el sistema. Pero la verdadera causa del colapso radica en la falta de personal cualificado y en la formación insuficiente para manejar este nuevo proceso. Las administraciones no estaban preparadas para un cambio de esta magnitud, y el costo lo están pagando las personas más vulnerables.
Para quienes dependen de la valoración de discapacidad, este retraso supone mucho más que la pérdida de beneficios fiscales. Hablamos de personas que necesitan esta certificación para acceder a ayudas que les permiten sobrevivir: descuentos en transporte, reducciones en el IRPF, exenciones en el impuesto de circulación o ayudas en la compra de vehículos adaptados. Pero también hablamos de algo más fundamental: el acceso a servicios de asistencia que les garantizan una vida digna y segura.
Cada día que pasa sin que estas valoraciones se realicen, es un día más en el que estas personas se ven privadas de la asistencia que necesitan para enfrentarse a los retos de la vida diaria. Es un día más en el que quedan desprotegidas ante la ineficacia de un sistema que debería estar a su servicio, pero que, por el contrario, parece haberles dado la espalda.
Los profesionales de los equipos de valoración, desbordados y sin la formación adecuada, están siendo obligados a cargar con el peso de un sistema fallido. Mientras tanto, el Gobierno central, responsable de esta implementación, parece mirar hacia otro lado, sin ofrecer soluciones reales. La petición de un informe de seguimiento y evaluación de este baremo es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Lo que estas personas necesitan es acción inmediata.
Nos encontramos ante una crisis que va más allá de lo económico. Esta demora en las valoraciones está dejando desprotegidos a aquellos que más necesitan del sistema. Las personas con discapacidad merecen un trato digno, una atención adecuada y, sobre todo, una respuesta rápida por parte de las administraciones. Su seguridad y bienestar están en juego.
Es hora de que el Gobierno reconozca el daño que esta situación está causando y actúe en consecuencia. Las Juntas Generales de Álava ya han dado el primer paso exigiendo respuestas. Ahora, es el momento de que los responsables políticos asumen su responsabilidad y agilizan un proceso que está fallando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos permitir que la burocracia siga poniendo en peligro a quienes ya enfrentan barreras suficientes.
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