La reciente disposición del Gobierno Vasco a estudiar la externalización de bajas de traumatología hacia las mutuas plantea serias dudas sobre su compromiso real con el sistema público de salud. Este posicionamiento revela una profunda contradicción: mientras se anuncian esfuerzos por reforzar Osakidetza y aumentar la plantilla médica, se promueven acuerdos que abren la puerta a la privatización encubierta, y que, en última instancia, ponen en juego la calidad de la atención sanitaria y los derechos de los trabajadores. Esta situación invita a una reflexión crítica sobre los intereses que realmente guían las decisiones en materia de salud.
El Doble Discurso del Gobierno Vasco: ¿Defensa del Sistema Público o de los Intereses Empresariales?
Desde hace años, el discurso de las autoridades vascas y sus socios políticos en torno a Osakidetza ha sido uno de «defensa inquebrantable» del sistema público. Se han comprometido públicamente a aumentar el personal médico y reducir las listas de espera. Sin embargo, con esta reciente propuesta de derivación de bajas a las mutuas, la realidad es otra: se está cediendo una parte del servicio sanitario a entidades privadas que operan bajo la lógica empresarial y cuyo objetivo principal no es el bienestar del trabajador, sino la eficiencia de costes para las empresas que las financian. La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo se puede defender a la vez el fortalecimiento de lo público mientras se impulsa un modelo que claramente beneficia a entidades privadas?
Las Mutuas: ¿Veladoras de la Salud del Trabajador o del Interés Empresarial?
Las mutuas de accidentes laborales son, en esencia, entidades privadas que actúan en favor de las empresas que las financian, no de los trabajadores que atienden. La función de las mutuas es clara: mantener la operatividad laboral, reduciendo el tiempo de baja de los empleados para optimizar la productividad empresarial. Y aunque se intenta vender la idea de que la derivación de bajas de traumatología agilizará las listas de espera, en realidad, esto se traduce en un mayor control de las mutuas sobre las bajas y recuperaciones de los trabajadores, una potestad que, en manos privadas, representa un riesgo significativo.
Diversos casos en los que las mutuas han emitido altas médicas prematuras, sin garantizar la recuperación completa del trabajador, han sido denunciados y llevados a los tribunales. Basta con buscar entre las demandas acumuladas por estos organismos para ver que el riesgo es real y está documentado. En varias ocasiones, trabajadores se han visto obligados a reincorporarse con dolencias o lesiones no tratadas adecuadamente, priorizándose el interés de la empresa sobre la salud de la persona.
Impacto en la Equidad y Calidad del Sistema de Salud
Al permitir que las mutuas asuman el control de ciertas bajas médicas, no solo se reduce la carga del sistema público, sino que se establece una vía de acceso desigual para los ciudadanos. Los pacientes que opten por la opción pública podrían enfrentarse a mayores tiempos de espera, mientras que aquellos derivados a mutuas estarán sujetos a otro tipo de presión: la de acelerar el alta para reincorporarse al trabajo lo antes posible.
Además, esta medida podría sentar un precedente peligroso para la salud pública en Euskadi. Empezar por la traumatología es solo el primer paso, y de consolidarse este modelo, otros sectores podrían seguir el mismo camino, incrementando la fragmentación de la sanidad y, en última instancia, su deterioro.
Reflexión: ¿Es Esta la Ruta Correcta para la Salud de Euskadi?
El posicionamiento del Gobierno Vasco y sus socios sobre la posible adhesión al convenio de externalización no hace más que revelar la hipocresía de su discurso. Defender a Osakidetza y la sanidad pública no es compatible con ceder poder y control a entidades privadas como las mutuas, cuyo historial refleja una falta de compromiso con la recuperación integral de los trabajadores.
Esta es una llamada de atención para la ciudadanía. Debemos preguntarnos si queremos que nuestro sistema de salud continúe siendo público, accesible y enfocado en la atención y bienestar del paciente, o si estamos dispuestos a permitir su privatización gradual en favor de intereses empresariales. La salud es un derecho, no una mercancía, y el Gobierno Vasco debe actuar con coherencia y responsabilidad para proteger este derecho sin dobles discursos ni concesiones disfrazadas de convenios.
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