La tragedia que pudo evitarse: las inundaciones en Valencia y la cancelación de la presa de Cheste

Una vez más, el Levante español ha sido golpeado brutalmente por inundaciones. Las recientes tormentas han dejado daños catastróficos en municipios como Paiporta, Aldaia y Massanassa, pueblos que, tristemente, no es la primera vez que sufren las consecuencias de una mala gestión hídrica y la inacción política. Y es aquí donde debemos preguntarnos: ¿podría haberse evitado todo esto? La respuesta es que, en parte, sí. Una presa en Cheste, descartada en 2005, habría ayudado a controlar el flujo de agua en las épocas más críticas. ¿Por qué se canceló? Porque la eterna guerra de poder entre PP y PSOE convierte decisiones técnicas en fichas de un juego de tronos que pagamos todos.

La guerra política que nos cuesta vidas y hogares

El origen de esta historia se remonta al Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, impulsado por el gobierno de José María Aznar del PP. Este plan incluía medidas de control de caudales y una serie de presas y trasvases, como la controvertida propuesta de llevar agua desde el Ebro a zonas del sureste peninsular. Sin embargo, al llegar al poder en 2004, el PSOE de Zapatero cumplió su promesa de campaña y derogó el PHN, eliminando de un plumazo infraestructuras fundamentales, como la presa de Cheste​

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Esta cancelación fue una respuesta directa a la presión de algunas regiones, especialmente Aragón, que se opusieron frontalmente al trasvase del Ebro. Pero en lugar de debatir y buscar soluciones equilibradas, el gobierno optó por eliminar el proyecto entero, demostrando que para algunos políticos es más importante deshacer lo que hizo su predecesor que atender a las necesidades de los ciudadanos. Los resultados están a la vista: décadas después, pagamos las consecuencias de una política cortoplacista, de esos «y yo más» que solo buscan quedar bien ante sus votantes a costa de ignorar el bienestar de millones de personas​

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Las víctimas de la guerra política: los ciudadanos

¿Cuál es la culpa de las familias y negocios que ven sus casas y tiendas destruidas cada vez que el barranco del Poyo se desborda? Ninguna. Pero ahí están, enfrentando las secuelas de las lluvias intensas, la famosa DANA, mientras recuerdan que hubo un plan para proteger sus hogares, que fue cancelado sin más. La política de trasvases y embalses no es perfecta, pero la inacción ha demostrado ser aún peor. Y mientras los partidos se lanzan acusaciones, ¿quién se preocupa realmente por los ciudadanos?

La comarca de l’Horta Sud es un claro ejemplo de lo que está en juego cuando los intereses políticos se anteponen al interés público. Las inundaciones son un problema recurrente en la región, y aunque se sabe desde hace años que necesitan infraestructuras de protección, los gobiernos que se suceden siguen ignorando esta realidad. La gente pierde sus bienes, sus recuerdos y, en algunos casos, hasta la vida. ¿Y qué ofrecen PP y PSOE? Palabras, promesas y, a veces, ni siquiera eso.

La necesidad de un plan hídrico coherente y duradero

Es evidente que España necesita un plan de gestión hídrica que no dependa de los caprichos de los partidos. Un plan que, como mínimo, mantenga las infraestructuras críticas que ya están previstas y que no se convierta en un vaivén político cada vez que cambie el gobierno. La cancelación del PHN en 2005 dejó al sureste español, incluyendo la cuenca del Turia, en una situación de indefensión que ahora pagamos a un alto precio.

Los argumentos de los detractores de las infraestructuras hídricas —basados en la sostenibilidad y el respeto ambiental— son válidos, pero no deben servir de excusa para la inacción total. En lugar de invertir en presas, el gobierno de Zapatero apostó por las desaladoras, una solución que no resuelve las inundaciones y que, aunque contribuye al abastecimiento de agua, ha demostrado ser ineficiente y costosa a largo plazo​

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Empatía y acción real para las víctimas

Es hora de que los políticos dejen de pensar en sus escaños y empiecen a pensar en las personas. La gente de Paiporta, Aldaia, Cheste y tantos otros municipios no debería ser víctima de esta guerra sin sentido. ¿Cuánto más debemos esperar para que se priorice la seguridad de las personas? Las imágenes de casas anegadas, coches flotando y vecinos desesperados son prueba suficiente de que el sistema está fallando y de que la falta de planificación hídrica tiene consecuencias reales y devastadoras.

Conclusión: Exigimos responsabilidad y compromiso

Lo que exigimos es simple: responsabilidad y compromiso. Que los partidos dejen a un lado sus rencillas y trabajen juntos por el bien de la ciudadanía. Las infraestructuras hídricas como la presa de Cheste son fundamentales, no solo para proteger a las poblaciones de las inundaciones, sino también para gestionar los recursos de agua en un país que alterna entre la sequía y las inundaciones. España necesita un plan de gestión hídrica nacional y duradero, que no dependa del color político del partido en el poder.

La situación que viven los municipios afectados por las últimas inundaciones en Valencia no es culpa de ellos, sino de los que, en Madrid, creen que pueden decidir sobre la vida de las personas como si de un tablero de ajedrez se tratase. Basta de excusas y promesas vacías. La gente merece seguridad y protección, y es hora de que nuestros líderes estén a la altura de esta responsabilidad.


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