La situación de la vivienda en Álava es insostenible, y cada vez son más las personas que sienten cómo el derecho a un hogar digno se desvanece en promesas vacías. Lo que debería ser un derecho básico se ha convertido en una carrera de obstáculos donde los ciudadanos, en especial los más vulnerables, salen perdiendo.
Un Parque de Vivienda Social que No da Abasto
Álava cuenta con un parque de vivienda social tan reducido que es casi un chiste… de mal gusto. Con 3,374 viviendas sociales frente a 10,782 solicitudes, la realidad es que más del 70% de los solicitantes se quedan en espera. A esto se suma la deuda de 360,000 euros que la Diputación debería haber aportado para sostener los recursos sociales este año, y que sigue sin materializarse. ¿El resultado? Más familias vulnerables en la calle, o atrapadas en situaciones de inseguridad y precariedad.
La Ley de Vivienda de 2023: ¿Una Solución o Parte del Problema?
Se suponía que la Ley de Vivienda de 2023 debía proteger a los inquilinos y ayudar a moderar los precios del alquiler. Pero en realidad, esta ley ha sido como un tiro por la culata. Al restringir los precios y limitar la rentabilidad, muchos propietarios han decidido retirar sus pisos del mercado. Hoy, en Vitoria, alquilar un piso decente ya cuesta entre 800 y 900 euros mensuales, una cifra prohibitiva para quienes ganan el salario mínimo o enfrentan condiciones laborales precarias.
Esta ley, que en teoría debería haber democratizado el acceso a la vivienda, solo ha logrado crear un mercado de alquiler más cerrado y caro, excluyendo a miles de personas.
Okupación, Subarrendamiento e Inseguridad: Consecuencias Directas
Con los alquileres por las nubes y la imposibilidad de acceder a una vivienda social, muchas personas han optado por alternativas como la okupación y el subarrendamiento. No es que lo hagan por gusto, sino porque es la última opción antes de quedar en la calle. Esta desesperación está generando entornos de insalubridad, inseguridad y precariedad, donde familias enteras se ven obligadas a vivir en condiciones que atentan contra su dignidad.
El creciente fenómeno de la “inquiokupación” —dejar de pagar el alquiler por no poder asumir su costo— es otro claro síntoma de una crisis que las instituciones parecen ignorar. Y mientras tanto, la deuda de Diputación sigue pendiente, los compromisos no se cumplen y las soluciones reales brillan por su ausencia.
¿Qué se Está Haciendo para Controlar el “Efecto Llamada”?
Álava también enfrenta un aumento de inmigrantes de baja cualificación que vienen buscando una vida mejor. Pero sin una política clara de integración ni recursos adicionales para cubrir sus necesidades, suma presión a un mercado de vivienda ya agotado. En lugar de facilitar empleos de calidad o aumentar el parque de vivienda pública, se están creando guetos de exclusión y marginación, lo que incrementa las tensiones sociales y deja a muchos al borde de la pobreza.
Basta de Promesas Vacías: Exigimos Responsabilidad Institucional
¿Hasta cuándo vamos a esperar a que Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Vasco tomen en serio la crisis habitacional en Álava? No se trata de hacer promesas grandilocuentes, sino de gestionar con eficiencia los recursos y de priorizar a los ciudadanos en lugar de enredarse en burocracia.
Es urgente aumentar la inversión en vivienda social, crear políticas de control que realmente funcionen y asumir la responsabilidad de que la Ley de Vivienda de 2023 ha fallado. No es admisible que tantas personas tengan que pelear por un derecho tan básico como el acceso a una vivienda digna.
Hagamos que Escuchen: ¡No Somos Números, Somos Personas!
Este es un grito colectivo para quienes creen que el derecho a una vivienda es esencial y no un privilegio. No nos callaremos, y exigimos cambios reales. ¡Basta de jugar con las necesidades básicas de la gente!
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