En medio de una crisis de emergencia que no da tregua y tras la reciente tragedia en Valencia, el Gobierno Vasco anuncia que invertirá la friolera de 6,3 millones de euros en reforzar su sistema de emergencias. Hasta ahí, todo parece correcto. Sin embargo, en vez de destinar íntegramente esos recursos a mejorar la capacidad de respuesta, gran parte del presupuesto irá a que la Ertzaintza, la policía autonómica, utilice el euskera en su día a día. ¿Acaso es el momento de priorizar una identidad cultural en lugar de reforzar la seguridad ciudadana?
¿Por qué el euskera en la Ertzaintza? ¿Es realmente necesario?
Pongamos las cartas sobre la mesa: ¿qué se gana realmente con obligar a los agentes de la Ertzaintza a trabajar exclusivamente en euskera? No se trata de cuestionar el valor del idioma, sino de señalar una prioridad que parece desconectada de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. No es un secreto que la imposición del euskera en el sistema policial lleva tiempo creando tensiones, con sectores que consideran que la obligatoriedad lingüística no es más que una traba, especialmente en una función tan esencial como la seguridad pública.
¿Es el momento adecuado para gastar en cursos de euskera en lugar de en mejorar los protocolos de respuesta o en equipos de última tecnología? Parecería que el Gobierno Vasco tiene un gran interés en priorizar su agenda cultural e identitaria, a costa de la verdadera misión de los cuerpos de seguridad: proteger a todos los ciudadanos sin importar el idioma que hablen.
¿Derechos lingüísticos o discriminación encubierta?
Esta decisión, además, tiene implicaciones serias para el derecho de igualdad de los propios aspirantes a la Ertzaintza. ¿Cuántos excelentes profesionales se verán marginados simplemente por no dominar el euskera? El filtro idiomático en las fuerzas de seguridad debería ser mínimo, o al menos, estar enfocado en la eficiencia operativa y no en una agenda cultural. La seguridad pública no puede estar supeditada a decisiones políticas ni lingüísticas. En situaciones de crisis, como las que se vivieron en Valencia, lo que necesitamos es rapidez y eficacia, no restricciones absurdas que entorpecen los procesos de selección y limitan el acceso de los mejores agentes.
¿Prioridades en emergencia? Una asignación de recursos que deja mucho que desear
El reciente anuncio de Bingen Zupiria no hace más que subrayar una desconexión entre las necesidades reales y las prioridades del Gobierno Vasco. Frente a un contexto de cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, como las recientes inundaciones en Valencia, destinar recursos al euskera en lugar de fortalecer íntegramente la infraestructura de emergencias deja mucho que desear. Se habla de una nueva embarcación de salvamento marítimo y algo de tecnología meteorológica, pero ¿es suficiente? Parecería que en vez de destinar el presupuesto al 100% en mejorar la seguridad de todos, el Gobierno prefiere gastar en su agenda identitaria.
La seguridad no es un juego político ni cultural
Es evidente que la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad indiscutible, sin desviaciones. Y que la misión de los cuerpos de emergencia es salvar vidas, no llevar a cabo una agenda lingüística. Este presupuesto, que podría haberse enfocado en la adquisición de tecnología puntera y una formación específica para enfrentar desastres naturales, termina diluyéndose en iniciativas de «bilingüismo obligatorio» que, lejos de beneficiar, añaden burocracia y complejidad innecesarias.
¿Hasta cuándo tendremos que ver cómo las prioridades políticas desplazan las verdaderas necesidades ciudadanas? Si el objetivo es tener un sistema de emergencia eficiente, todo el presupuesto debería ir al refuerzo de infraestructuras, equipos y formación, y no en imponer una identidad cultural en un contexto donde cada segundo cuenta.
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