
Envejecer en Álava se ha convertido en un privilegio reservado solo para quien pueda pagarlo. Mientras el número de mayores sigue aumentando, las administraciones (Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento) han apostado por un modelo de residencias privadas que excluye a la mayoría de la población.
En los últimos 10 años, de las 536 nuevas plazas creadas, solo 103 son públicas. El resto, más del 80%, son privadas, con precios que superan los 3.000 euros al mes, mientras que la pensión media ronda los 1.600 euros.
📢 ¿Qué opción le queda a un jubilado con una pensión modesta?
📌 Pedir dinero a sus hijos.
📌 Vender su casa o su patrimonio.
📌 O, simplemente, resignarse a una situación indigna.
¿Es este el modelo que los ciudadanos de Vitoria y Álava han votado y necesitan?
Un modelo que condena a los mayores a la precariedad
Las cifras hablan por sí solas:
🔴 22.000 alaveses tienen más de 80 años y este número seguirá creciendo.
🔴 El baby boom está envejeciendo y en pocos años habrá una demanda aún mayor de residencias.
🔴 El sector privado sigue expandiéndose, mientras lo público se estanca o desaparece.
Las administraciones prefieren externalizar el servicio en lugar de construir y gestionar más residencias públicas. ¿Por qué? Porque es más fácil y más rentable para algunos delegar en empresas privadas, aunque esto signifique que los ciudadanos tengan que hipotecarse para poder pasar sus últimos años de vida en condiciones dignas.
Residencias privadas: un negocio redondo para algunos, un drama para la mayoría
Las grandes empresas sanitarias han encontrado un filón en el envejecimiento de la población. Sanitas, DomusVi, Orpea y Vitalitas han desembarcado en Álava con macro-residencias que operan como hoteles de lujo a precios desorbitados.
💰 El problema es que la mayoría de los ciudadanos NO puede permitírselo.
🚨 El coste de estas residencias duplica, e incluso triplica, la pensión media de un jubilado.
❌ Los mayores tienen que depender económicamente de sus hijos o vender su patrimonio para poder acceder a estos centros.
La especulación con los precios de las residencias se está convirtiendo en una nueva burbuja. A medida que el baby boom envejece, la demanda subirá, y con ella, los precios. ¿De verdad queremos un futuro en el que solo los ricos puedan envejecer dignamente?
¿Por qué la administración apuesta por lo privado?
La respuesta es clara: por intereses económicos y políticos.
🔹 Gestionar una residencia pública implica inversión y responsabilidad.
🔹 Concertar plazas en residencias privadas es más fácil y evita enfrentarse a la realidad del problema.
🔹 El negocio de la dependencia está en auge, y las administraciones han decidido mirar hacia otro lado mientras las grandes empresas hacen caja.
Si el dinero público que se invierte en concertar plazas privadas se destinara a crear y mejorar residencias públicas, tendríamos más plazas accesibles para quienes realmente las necesitan. Pero no interesa.
Conclusión: ¿Nos están condenando a hipotecarnos para envejecer?
La realidad es dura y no hay vuelta de hoja:
📉 Cada vez hay menos residencias públicas.
📉 Cada vez hay más centros privados a precios inasumibles.
📉 Cada vez más personas se ven obligadas a vender su casa o pedir ayuda a sus hijos.
La pregunta es: ¿Es esto lo que queremos para nuestros mayores? ¿Es este el modelo por el que hemos votado?
Las administraciones deben dejar de jugar con la tercera edad y garantizar que envejecer con dignidad no sea un lujo, sino un derecho.
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