En Álava, decenas de familias se enfrentan a una realidad desgarradora: una vez que sus hijos con discapacidad terminan su etapa escolar, parece que desaparecen de las prioridades institucionales. Centros de día saturados, listas de espera interminables y soluciones que llegan tarde, mal y nunca. Mientras tanto, los recursos que deberían destinarse a garantizar el bienestar de estas personas y sus familias se dilapidan en otros programas que, aunque necesarios, no deberían competir con la atención a quienes más lo necesitan.
¿Dónde está el apoyo para estas familias?
En nuestro territorio, el 25% del presupuesto de la Diputación se destina a servicios sociales. Sin embargo, resulta indignante comprobar cómo esta inversión no llega a quienes más la necesitan: nuestros mayores y las personas con discapacidad. Familias enteras viven en el desamparo, obligadas a reducir sus jornadas laborales o incluso a abandonar sus trabajos para cuidar de sus seres queridos. ¿Qué ocurre con quienes no pueden permitirse esta opción? Muchos recurren a contratar cuidadores, un lujo que no todos pueden costear, dejando a otras familias atrapadas en un ciclo de pobreza y estrés.
Lo más doloroso es que este abandono contrasta con el dinero que se destina a ayudas a colectivos de fuera de nuestras fronteras, procedentes de países como Marruecos o Argelia. Hablamos de naciones que no están en guerra y cuyos ciudadanos, en muchos casos, no llegan a integrarse ni a contribuir al sistema, viviendo de ayudas públicas. ¿Es justo que los recursos se desvíen mientras los ciudadanos de aquí, que han sostenido este sistema con su esfuerzo, queden relegados?
Una planificación nefasta y consecuencias devastadoras
El caso de Álava refleja una total falta de previsión. Las instituciones conocen desde hace años el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad y las necesidades de los jóvenes que concluyen su formación escolar. Sin embargo, se limitan a promesas vagas, como la apertura del recurso Lakondoa con tan solo 20 plazas. ¿Y qué pasa con las decenas de jóvenes que quedarán en casa esperando una solución? ¿Y con la próxima oleada de familias en junio?
No es solo cuestión de números. Es una cuestión de humanidad. Cada joven que queda sin plaza en un centro de día representa una familia que ve cómo años de esfuerzo, dedicación y desarrollo para sus hijos se desmoronan. No estamos hablando de estancarse; estamos hablando de retroceder.
¿Dónde están las soluciones?
Los servicios sociales de la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberían reflexionar seriamente sobre sus prioridades. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, se siga ignorando a colectivos tan vulnerables? No se trata de falta de dinero, sino de cómo se gestiona. El presupuesto está, pero no se distribuye de manera justa ni eficiente.
Es necesario replantear el modelo actual:
- Aumentar las plazas en centros de día y ocupacionales. No con medidas paliativas, sino con una planificación que cubra las necesidades presentes y futuras.
- Redistribuir el presupuesto. Priorizar a quienes realmente dependen de estas ayudas, como personas con discapacidad severa y nuestros mayores.
- Exigir transparencia y eficacia en los servicios sociales. La gestión actual no solo es ineficaz, sino que abandona a quienes más dependen de ella.
¿Y ahora qué?
Es hora de levantar la voz y exigir un cambio. Las familias no pueden seguir pagando los platos rotos de una administración que prioriza otros intereses por encima de las verdaderas necesidades sociales. Como sociedad, debemos cuestionarnos cómo se distribuyen nuestros recursos y exigir que las personas más vulnerables no sean las últimas de la fila.
Si estás leyendo esto, es momento de actuar. Comparte esta situación, habla de ello, y no permitas que el abandono siga siendo la norma. Nuestras familias, nuestros mayores y nuestros hijos lo merecen.
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