La reciente decisión de transferir la seguridad de los puertos vascos de Santurtzi y Pasaia a la Ertzaintza, fruto de los acuerdos políticos entre el PNV y el gobierno central, ha generado un debate necesario sobre la capacidad real del cuerpo policial vasco para asumir nuevas competencias. Un debate que, si se analiza con detenimiento, revela una preocupante falta de preparación tanto en términos de personal como de infraestructura.
Es evidente que este traspaso es una concesión política que responde a intereses de autonomía regional. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad portuaria, una cuestión tan delicada no puede gestionarse con prisas ni con gestos simbólicos. La realidad es que la Ertzaintza no tiene la capacidad necesaria para garantizar una protección adecuada en los puertos . Según los propios informes internos, la sección acuática cuenta con apenas 40 efectivos para cubrir de forma permanente dos puertos estratégicos. Un número alarmantemente bajo, que obliga a los agentes a turnos de 12 horas y que aún así deja lagunas, sobre todo en el horario nocturno.
¿Qué se está sacrificando en nombre de la autonomía?
El problema no se limita a la vigilancia portuaria. Esta escasez de personal afecta directamente a la seguridad global del País Vasco . Si ya ahora la Ertzaintza se ve desbordada en áreas tan importantes como el control del crimen organizado, la corrupción o la seguridad ciudadana diaria, ¿cómo se puede esperar que asuma una nueva responsabilidad de esta magnitud sin comprometer a los demás? La realidad es que no hay suficientes recursos ni efectivo para cubrir todos los frentes, y esto no solo afecta a los puertos, sino a toda la ciudadanía.
La corrupción sigue siendo un problema real en múltiples niveles, y con efectivos limitados, es inevitable que áreas tan sensibles como la vigilancia y el control de contrabando y tráfico de mercancías en los puertos queden vulnerables. ¿Cómo puede un cuerpo que ya está al límite de sus capacidades asumir esta nueva carga sin que el resto de sus responsabilidades se vean comprometidas? No es solo una cuestión de organización interna, es una amenaza directa a la seguridad de los ciudadanos y la protección de una infraestructura crítica.
Infraestructuras inexistentes y promesas vacías
Más allá de la falta de personal, nos encontramos con otro problema igual de grave: la falta de infraestructuras adecuadas . No se ha resuelto dónde amarrarán las embarcaciones de la Ertzaintza ni qué instalaciones estarán disponibles para sus agentes en los puertos. Esta improvisación logística es otro indicativo de que esta transferencia no está siendo gestionada con la seriedad que requiere. Los puertos no son simplemente instalaciones comerciales; son zonas de alto riesgo, expuestas a actividades delictivas que van desde el contrabando hasta el terrorismo. La falta de preparación deja a estas instalaciones vulnerables.
El coste de una seguridad insuficiente
La falta de efectivo y la ausencia de infraestructuras adecuadas para la Ertzaintza no solo pone en riesgo los puertos vascos, sino que también amenaza el equilibrio de la seguridad en todo el País Vasco. Cada agente que se reasigna a la vigilancia portuaria es un agente menos disponible para otras funciones críticas como la seguridad en las calles, la lucha contra la corrupción o el control fronterizo. Si ya faltan recursos para la seguridad diaria, ¿cómo se justifica esta ampliación de competencias?
Este traspaso es una medida política que, lejos de fortalecer la autonomía vasca, está poniendo en riesgo la seguridad integral de la región. No podemos permitirnos que decisiones tan importantes se tomen a costa de la seguridad de los ciudadanos. Las transferencias de competencias deben ir acompañadas de los recursos y la preparación necesaria para que sean efectivas. Sin ellos, solo estamos generando más problemas en lugar de resolver los existentes.
Conclusión
El traspaso de la seguridad portuaria a la Ertzaintza es un error en las condiciones actuales. La falta de personal, las infraestructuras inadecuadas y la ya sobrecargada agenda de la policía vasca hacen que esta medida sea imprudente y peligrosa. Antes de expandir sus competencias, el País Vasco necesita invertir en más recursos y personal para su fuerza policial. De lo contrario, no solo se compromete la seguridad de los puertos, sino la de todos los ciudadanos.
Es hora de que las autoridades tomen decisiones basadas en la realidad, no en gestos políticos. La seguridad no es negociable.
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