Cinco años de huelgas, manifestaciones y protestas no han sido suficientes para que la Diputación de Álava dé un paso adelante y ofrezca soluciones reales al conflicto en las residencias privadas. Mientras tanto, las trabajadoras, agotadas y con salarios bajos, y los residentes, quienes pagan cuotas desorbitadas, se ven atrapados en un sistema injusto. La situación es insostenible: el coste medio de una plaza en una residencia privada en España ronda los 2.000 euros, pero en Álava, ¡algunas familias están pagando más de 3.000 euros al mes! ¿Y qué reciben a cambio? Salarios de convenio estatal para las trabajadoras y condiciones de trabajo muy lejos de ser dignas.
¿Por qué la Diputación no media en el conflicto?
La Diputación de Álava, que debería velar por el bienestar de todos, se mantiene al margen y no presiona a la patronal para que acceda a un convenio provincial. Con el coste de vida en Álava, es inaceptable que las trabajadoras de las residencias sigan regidas por un convenio estatal que no se adapta a la realidad económica de la provincia. ¿Por qué no hacer un esfuerzo para apoyar un convenio provincial que ajuste los salarios al nivel de vida? No solo mejorarían las condiciones de trabajo, sino que también ayudaría a ofrecer un mejor servicio a los residentes.
Pero, si la Diputación se niega a apoyar un convenio provincial, lo mínimo que debería hacer es obligar a que las residencias ajusten sus precios al salario que están pagando. No tiene sentido que los residentes estén pagando un sobrecoste en Álava mientras los sueldos de las trabajadoras siguen siendo bajos. Que la cuenta salga solo para unos pocos no es justo.
El ratio de trabajadores por residente: una cuestión de dignidad
La calidad de vida de los residentes y las condiciones de trabajo del personal van de la mano. Con ratios de trabajadores insuficientes, la carga de trabajo se vuelve inhumana, y eso afecta directamente la atención que reciben los ancianos. La Diputación debe establecer un ratio mínimo de trabajadores por residente que garantice tanto la dignidad de las trabajadoras como la de los propios residentes. No estamos hablando de cifras, sino de personas que necesitan atención adecuada y de trabajadoras que merecen un reconocimiento y condiciones justas.
Trabajadoras al límite y residentes desatendidos
Es imposible pasar por alto el valor y la entrega de las trabajadoras de estas residencias, quienes, a pesar de las condiciones precarias, siguen día a día cuidando de los más vulnerables. Sin embargo, su esfuerzo no se ve recompensado, y las instituciones que deberían velar por su bienestar miran hacia otro lado. La Diputación no puede quedarse cruzada de brazos mientras la situación sigue empeorando. Es hora de escuchar a las trabajadoras y de actuar.
Conclusión: La Diputación de Álava debe actuar ya
Cinco años de conflicto laboral sin avances es una prueba de que hace falta más implicación. La Diputación de Álava tiene el deber de mediar y garantizar que las condiciones en las residencias sean dignas para todos. Los precios no pueden seguir subiendo mientras los salarios se quedan estancados en convenios estatales que no se adaptan a la realidad de la provincia. Si la Diputación realmente se preocupa por el bienestar de los residentes y el de las trabajadoras, debe actuar ahora.
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