El Gobierno ha decidido que regularizar a 700.000 inmigrantes no es suficiente, ya que no ha contado con la posibilidad de traer a sus familiares a través del arraigo y la reagrupación familiar. Porque, al parecer, en un país con casi un 30% de desempleo juvenil, lo que más necesitamos es más competencia por esos gloriosos trabajos precarios y ayudas sociales que ya de por sí escasean.
Veamos el panorama: los jóvenes españoles llevan años atrapados en la precariedad, con sueldos ridículos y contratos temporales. Y ahora, como regalo, tendrán que competir con una masa de trabajadores nuevos que llegan al país a ocupar esos mismos empleos mal pagados. ¡Genial! ¿Cómo afectará esto a nuestro ya asfixiado sistema de ayudas? Seguro que las oficinas de la Renta de Garantía de Ingresos estarán felices de recibir miles de nuevas solicitudes, mientras los beneficiarios actuales ven cómo se retrasan sus pagos o, peor aún, se reducen las ayudas.
Pero no nos olvidemos de los servicios públicos. Con la sanidad y la educación pública ya al borde del colapso, traer a más personas —incluyendo familiares que probablemente necesitarán asistencia médica, educación y ayudas sociales— solo puede ser una gran idea. ¿Estamos seguros de que todo esto no es una broma de mal gusto?
El Gobierno de coalición se juega la estabilidad de un país ya fragmentado y polarizado. ¿Estamos preparados para el impacto que esta regularización masiva, junto con la llegada de miles de familiares, tendrá sobre nuestra sociedad y economía? O tal vez sea el momento de preguntarnos: ¿están jugando con fuego?
Al final, parece que la pregunta no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Porque si seguimos por este camino, no habrá plan de rescate que valga. ¿Y entonces qué?
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