Imagina que llevas a tu perro al veterinario porque tiene una infección grave. El veterinario sabe perfectamente lo que necesita: un antibiótico concreto, fuerte y eficaz. Pero en lugar de poder administrarlo de inmediato, tiene que pedir un cultivo, esperar resultados y rellenar informes para que la Administración esté satisfecha. Para cuando el papeleo se completa, tu mascota está muerta.
No es una exageración. Es lo que está pasando en España gracias al Real Decreto 666/2023, aprobado por el Gobierno de izquierdas con la excusa de controlar la resistencia a los antibióticos. ¿El resultado? Una perra fallecida en Galicia, veterinarios asfixiados por la burocracia y multas de hasta un millón de euros por intentar hacer su trabajo.
Una multa de 90.000 euros por salvar una vida
Parece de broma, pero no lo es. Un veterinario de Baleares ha sido sancionado con 90.000 euros por dispensar un medicamento en su clínica. ¿Cuál fue su crimen? Hacer lo que mejor sabe hacer: curar animales. Pero ahora, el Estado no confía en los veterinarios, y los trata como si fueran criminales. Porque, claro, el Gobierno siempre sabe más que un profesional con años de formación y experiencia, ¿verdad?
Antes, podías acudir a tu clínica de confianza y salir con el medicamento adecuado. Ahora, toca peregrinar hasta una farmacia, esperar trámites y, en algunos casos, rezar para que el medicamento esté disponible. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay situaciones de emergencia donde el tiempo es clave, y esta ley ha convertido el acceso a los antibióticos en una carrera de obstáculos.
Selva, la primera víctima de la burocracia
Selva era una Jack Russell de 9 años. Una infección sepsis la llevó al veterinario, pero la nueva ley impidió que recibiera el antibiótico necesario sin esperar los resultados de un cultivo. ¿El desenlace? Murió mientras el papelito del laboratorio seguía en proceso.
Esto no es solo un caso aislado. Es la prueba de lo que va a pasar con cientos de mascotas y animales de producción en el futuro. Si esto se aplicase en medicina humana con la misma rigidez, ¿cuántas personas morirían esperando un antibiótico «autorizado» por la burocracia?
Imagina que vas al hospital con neumonía y te dicen: «No podemos darte el antibiótico hasta que hagamos un cultivo y lo aprobemos en el sistema informático del gobierno». No lo aceptaríamos ni un segundo. Entonces, ¿por qué se lo imponemos a los animales?
El castigo a los veterinarios: entre la espada y la pared
Los veterinarios no solo están furiosos, están desesperados. Porque ellos quieren curar, pero el Gobierno les obliga a ser burócratas antes que médicos. En lugar de confiar en su criterio, les imponen un sistema informático (PRESVET) donde tienen que justificar hasta la última pastilla.
Las multas son absurdas: desde 60.000 euros hasta 1 millón. Es decir, un veterinario que se equivoque rellenando un formulario puede ser tratado peor que un político que derrocha millones de dinero público.
No es de extrañar que los veterinarios de toda España hayan dicho «basta» y se preparen para manifestarse el 5 de marzo en Madrid. Quieren que se les escuche, que se rectifique una ley injusta y que se les permita hacer su trabajo sin miedo a ser castigados por salvar vidas.
¿Qué se podría hacer en lugar de esto?
El problema de la resistencia a los antibióticos es real, pero hay otras maneras de abordarlo sin poner en riesgo vidas. Por ejemplo:
✔️ Formación para los veterinarios en el uso prudente de antibióticos, en lugar de criminalizarlos.
✔️ Control en las grandes explotaciones ganaderas, donde realmente hay abuso de antibióticos.
✔️ Un sistema más ágil y flexible para prescripciones urgentes, sin bloqueos innecesarios.
Pero claro, eso requiere trabajar y planificar, y es más fácil prohibir y castigar.
Conclusión: esta ley es un desastre
Lo que ha hecho este Gobierno es un nuevo ataque al sentido común. En lugar de confiar en los veterinarios, los ha convertido en sospechosos. En lugar de proteger la salud de los animales, los ha condenado a morir por burocracia.
Y todo con el cinismo de venderlo como «una medida de salud pública», cuando lo único que genera es sufrimiento, multas abusivas y pérdida de confianza en el sistema.
📢 El 5 de marzo, los veterinarios van a salir a la calle para decir basta. Porque no se trata solo de su profesión, se trata de la vida de nuestros animales. Y si nosotros no alzamos la voz, ¿cuántas Selvas más tendrán que morir antes de que el Gobierno rectifique?
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