Es imposible no sentir indignación ante lo que ocurre con la temporalidad en el sector público vasco. Mientras las leyes laborales obligan a los autónomos y empresarios privados a ofrecer contratos indefinidos casi al instante, la Administración, que debería ser ejemplo de estabilidad y buenas prácticas, sigue perpetuando un modelo de contratación basado en la precariedad.
La situación es alarmante: a falta de poco más de un mes para cerrar el año, Euskadi se enfrenta a una tasa de temporalidad en su sector público que supera el 45%. Este número contrasta brutalmente con el 8% que exige la «Ley Iceta», normativa aprobada en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso de la temporalidad en España.
La doble vara de medir
El cinismo de esta situación resulta indignante. Mientras cualquier empresa privada que encadene contratos temporales a sus empleados es sancionada e incluso llevada ante los tribunales, las administraciones públicas parecen operar con total impunidad. ¿Cómo puede ser esto aceptable? ¿Por qué a los autónomos y pequeñas empresas se les exige un rigor extremo en sus contrataciones, mientras que la Administración se permite maltratar laboralmente a sus propios trabajadores?
Los grandes perjudicados: miles de trabajadores atrapados en la precariedad
Detrás de estas cifras hay personas reales. Personas como Andrea, una enfermera que lleva 17 años encadenando contratos temporales, con la incertidumbre de no saber si mañana seguirá trabajando o si será enviada a otro puesto. Esta realidad no solo afecta a su vida personal, llena de planes truncados y estrés, sino también a su desarrollo profesional. ¿Cómo se puede esperar que alguien rinda al máximo bajo estas condiciones?
Los afectados no solo enfrentan la inestabilidad económica que conlleva no saber si su contrato será renovado, sino también cambios constantes en sus funciones, equipos de trabajo y localización. Esta falta de continuidad, sumada a la desmotivación que genera ser tratado como un «recurso desechable», repercute en la calidad de los servicios que todos, como sociedad, recibimos.
La calidad de los servicios públicos también está en juego
El impacto no solo se queda en los trabajadores. La ciudadanía, que depende de estos servicios esenciales, sufre las consecuencias de un sistema laboral que parece estar diseñado para fracasar. ¿Cómo puede Osakidetza ofrecer una atención sanitaria de calidad cuando más del 40% de su plantilla está en situación temporal? ¿Cómo garantizar una educación consistente y efectiva si miles de docentes viven con la angustia de perder su empleo de un día para otro?
Este círculo vicioso de inestabilidad y precariedad genera tasas alarmantes de absentismo laboral, que en Euskadi alcanzan un preocupante 8,6%, la más alta de toda España. ¿Quién puede culpar a estos trabajadores? La incertidumbre constante y el maltrato laboral terminan pasando factura a cualquiera.
La «Ley Iceta»: una oportunidad desperdiciada
Cuando se aprobó la «Ley Iceta», muchos pensaron que se trataba de un paso histórico para acabar con el abuso de la temporalidad en el sector público. Sin embargo, el País Vasco, lejos de aprovechar esta oportunidad, ha aplicado la normativa de manera restrictiva y con falta de transparencia. Los sindicatos han denunciado que el número de plazas ofertadas en los procesos de estabilización es insuficiente, lo que ha llevado incluso a resoluciones judiciales que instan a la Administración a corregir sus errores.
Por ejemplo, en Osakidetza se han sacado 3.723 plazas de estabilización, pero esto deja a 18.500 personas aún en situación de temporalidad. En Educación, la situación no es mucho mejor: cerca de 11.000 trabajadores seguirán siendo temporales.
¿Y ahora qué?
Es evidente que la Administración necesita un cambio profundo en su forma de gestionar el empleo público. No se trata solo de cumplir con la «Ley Iceta» y reducir la temporalidad al 8%; se trata de respetar los derechos laborales de miles de trabajadores y garantizar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.
Este problema no es solo laboral, sino también ético. No podemos permitir que la institución que debe velar por la legalidad y el bienestar de los ciudadanos sea la primera en abusar de prácticas que, en el sector privado, serían inaceptables.
Exigimos soluciones
Es hora de que el Gobierno vasco asuma su responsabilidad y deje de escudarse en excusas. Necesitamos transparencia, planificación y, sobre todo, un compromiso real con la estabilidad laboral. Porque detrás de cada contrato temporal hay una persona que merece respeto y dignidad.
La pregunta es: ¿seguiremos permitiendo esta injusticia?
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