La imposición de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Vitoria parece ser la última medida del Ayuntamiento para sumarse a las medidas radicales de la Agenda 2030. Sin consultar con quienes verdaderamente viven, trabajan y se desplazan por la ciudad, el consistorio ha decidido, sin más, limitar el acceso al centro a cientos de vehículos, desplazando el tráfico a otras calles y complicando aún más la movilidad de vecinos y trabajadores. Esta decisión, disfrazada de “mejora ambiental”, limita la vida cotidiana y laboral de muchos, y, para colmo, lo hace sin evaluar si Vitoria realmente está preparada para afrontar esta restricción de movilidad.
¿Qué sucede cuando un ciudadano de Vitoria ve cortado su camino habitual al trabajo? ¿Y si un pequeño comerciante, que ya se enfrenta a la amenaza de la crisis económica, tiene menos clientes porque estos simplemente no pueden llegar en coche hasta su negocio? Porque aquí no hablamos de grandes ciudades con amplias opciones de transporte público. No. Hablamos de una ciudad en la que muchas personas dependen de su vehículo privado para sus desplazamientos diarios. Pero, al parecer, esto importa poco a las autoridades, más preocupadas por cumplir con un calendario impuesto que en escuchar y adaptar las políticas a la realidad.
ZBE: Un círculo sin salida para muchos trabajadores y vecinos
Quienes residan en la zona o trabajen en comercios del centro se verán obligados a cambiar sus rutinas, horarios y recorridos, pero la pregunta es: ¿qué alternativas se les ofrece? La ZBE restringe la circulación en buena parte del Casco Viejo y del Ensanche, pero sin dar soluciones reales. ¿Y el resto de calles que absorberán el tráfico desplazado? Estas vías, que no están preparadas para semejante carga, se llenarán de vehículos en busca de rutas alternativas, afectando a la calidad del aire y colapsando la circulación.
La situación es indignante, porque se presenta esta restricción como un avance sin atender las verdaderas necesidades de la ciudad y sin prever las consecuencias de trasladar el problema de un lugar a otro. Lo que podría haber sido una medida estudiada y consensuada con los vecinos y trabajadores termina convirtiéndose en una imposición que no mejora la calidad de vida, sino que añade obstáculos y frustraciones en el día a día de la gente común.
El Ayuntamiento de Vitoria, en guerra con los coches y sus propios vecinos
Esta decisión del Ayuntamiento de Vitoria, lejos de mejorar la ciudad, parece una guerra abierta contra el coche y sus usuarios. Las medidas de restricción previstas para 2027 y 2030 dejan claro que quien necesite el coche para moverse, trabajar o vivir en esta ciudad lo tendrá cada vez más difícil. Primero serán las restricciones para los vehículos más contaminantes, luego para los que no tengan etiqueta, y finalmente, en 2030, se prohibirá también la entrada de aquellos con etiqueta B. ¿Qué opciones tendrán aquellos que no puedan permitirse el cambio a un coche “eco” o eléctrico?
Los habitantes de Vitoria tienen todo el derecho a cuestionar esta medida y a sentirse preocupados e indignados. No estamos hablando de una metrópoli con sistemas de transporte avanzados, sino de una ciudad de tamaño medio donde la dependencia del vehículo privado es real y legítima.
Alternativas y soluciones ignoradas
¿Realmente se ha evaluado si esta medida es la adecuada para una ciudad como Vitoria? En vez de imponer restricciones, podría haberse optado por mejorar las opciones de transporte público, aumentar la infraestructura de carga para coches eléctricos o habilitar alternativas de movilidad sostenible. Pero no, el Ayuntamiento ha optado por imponer una medida que, más que beneficiar, parece destinada a complicar la vida a muchos.
Si de verdad se busca mejorar la calidad del aire y la movilidad, ¿por qué no escuchar a los vecinos? ¿Por qué no trabajar de la mano con quienes viven y trabajan en la ciudad para encontrar soluciones que, en lugar de crear problemas, los resuelvan?
En conclusión: Esta imposición de una ZBE en Vitoria no es más que otro ejemplo de cómo la política se desvía de la realidad de los ciudadanos. Porque en vez de solucionar problemas, lo único que hace es imponer restricciones a los mismos de siempre: los trabajadores, los comerciantes, y los vecinos. La ZBE debería ser una medida de consenso, no de imposición.
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